Agenda Integral para Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres

En pleno siglo XXI, el siglo de la información, del avance y expansión de la digitalización y el control de la información a nivel global,  le ha facilitado al sexo femenino el tener acceso a la información para conocer sus derechos como mujer y que le permita tener un empoderamiento en su vida personal y profesional, con la finalidad de reducir la brecha que existe en la igualdad de género.

Sin embargo, hoy en día las mujeres siguen enfrentando violencia de género, un problema a escala mundial, que sin lugar a dudas, es un problema social para el desarrollo y la paz de las mujeres, que siguen viviendo una situación delicada que pone en riesgo la tranquilidad de la mujer.

Si bien es cierto, que la violencia es un fenómeno social que ha estado presente desde los primeros vestigios de la sociedad, viajando a través de las diferentes formaciones económicas y sociales que han sucedido a lo largo de la historia,  también es de gran impacto la permanencia de la misma en estos tiempos.

Es un hecho que tenemos conocimiento a través de nuestros ancestros, que la violencia era considerada como parte de la cultura, y en cierto modo, se aceptaba como integrante de la formación familiar, es decir, la violencia es tan antigua como el mundo, estaba vinculada a los orígenes, evolución y desarrollo del hombre.

De tal forma que todas las mujeres, históricamente han vivido en mayor o menor intensidad las formas de violencia, a tal grado que  la misma religión se apoyaba en la idea, de que la mujer por naturaleza es más débil e inferior a los hombres.

Este acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino,  ha dado como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, a través de amenazas, coacción, la privación de la libertad y la muerte.

Como sociedad debemos frenar la violencia contra las mujeres, con la enseñanza de valores, principios y  una concientización del grave problema social que se vive en la actualidad. Los números son impactantes1:

66.1% de las mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia.

41.3% han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida.

15.4% de las mujeres que hoy tienen entre 20 y 24 años fueron madres antes de los 18 años.

En  2016, se denunciaron 12,156 violaciones, hubo 3789 presuntos delincuentes sujetos a proceso por este delito y se dictaron únicamente 693 sentencias condenatorias en el año.

En 2016, 2746 mujeres fueron asesinadas es decir 7.5 mujeres al día.

Entre 1985 y 2016 hay un acumulado de 52,072 defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH) en México.

La Tasa de DFPH aumento de 3.8 a 4.4 defunciones por cada 100,000 mujeres.

Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas es ampliamente reconocida como una pandemia mundial, la respuesta ha variado de indiferente a esporádica o inadecuada, con una débil aplicación de las leyes, la continua impunidad de los perpetradores y recursos limitados para abordar el problema.

¿Qué se requiere para erradicar la violencia contra las mujeres?

Desarrollar acciones de prevención que contribuyan a intensificar la conciencia respecto a que la violencia en contra de las mujeres es una violación de los derechos humanos que afecta a la sociedad en general.

Establecer campañas de difusión de los derechos de las mujeres.

Las autoridades deben establecer convenios de colaboración con las universidades para proporcionar a la sociedad pláticas de concientización y talleres sobre los derechos de las mujeres.

Fortalecer la actualización del Atlas de Género, que tiene como propósito reunir algunos de los indicadores para erradicar la violencia contra las mujeres2.

Construir una agenda integral de políticas severas apegadas a los derechos humanos de la mujer que recomienda la ONU3. La agenda está integrada por 16 acciones entre las que destacan:

Fortalecer los tratados internacionales y regionales que salvaguardan los derechos de las mujeres y de las niñas.

Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas, otorgar soluciones a las mujeres por las violaciones de las que fueron víctimas.

Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas, brindándoles servicios jurídicos y especializados gratuitos.

Garantizar el acceso universal a los servicios esenciales, siendo como mínimo las necesidades urgentes e inmediatas de las mujeres y de las niñas.

Brindar formación a aquellos que trabajan en los servicios esenciales especialmente la policía, los abogados y los jueces, los trabajadores sociales y el personal de salud, de modo que se garantice el cumplimiento de normas y protocolos de calidad. Los servicios tienen que ser confidenciales, sensibles y adecuados a las mujeres afectadas.

Invertir en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para enfrentar las causas de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Aumentar la conciencia pública y la movilización social para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas.

En este sentido, la reflexión y la conciencia social quedan por demás, cuando no se toman las medidas preventivas necesarias y oportunas para el desarrollo íntegro de las políticas públicas a favor del bienestar de las mujeres.

Los antecedentes sobre la violencia contra mujeres y niñas, indican que la sociedad permanece estática ante esta impunidad y es una cuestión intolerable. Un reforzamiento efectivo de las acciones correctivas ya establecidas, puede apoyar en retomar el rumbo hacia una sociedad libre de violencia de género.

Unamos fuerzas sociedad y gobierno para combatir con todo el peso de la ley, mediante castigos más severos contra los agresores a fin de erradicar este cáncer social que no solo afecta a la víctima sino a familias enteras.

 

 

Roberto Corona Bonilla

Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas y la Maestría en Administración por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); realizó “Diplomado en Finanzas” (UPAEP), “Diplomado en Gestión Municipal” por el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, A.C., “Diplomado en Planeación en la Gestión para Resultados y Evaluación de Políticas Públicas” por el Instituto de Evaluación El Instituto de Evaluación y Medición de Marginación y Pobreza (IEMMP) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), “Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados” por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

 

Ha sido servidor público como analista en la Dirección Integral  de la Persona, analista en la Dirección de Infraestructura en Zonas Rurales, Analista en la Comisión de Vivienda en el Estado de Puebla, Analista en el Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, siendo cabecera de sector la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla.

 

Desempeñó el puesto de Secretario Técnico del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla de Enero 2015 a Junio 2016 y actualmente es analista especializado A en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla.

 

Coordinó la administración y operación del Programa de Apoyo a Migrantes, en la Operación del Programa de Recamaras Adicionales en el municipio de Acajete, en la Operación del Programa Pie de Casas para migrantes en el municipio de Amozoc, en la operación y seguimientos de programas sociales federales y estatales, manejó diagnósticos, indicadores, índices, cedulas de información de localidades, juntas auxiliares y municipios, experiencia en la planeación en base a resultados (PbR), realizó la operación del programa transformando en comunidad, coordinó la operación política y seguimiento a las elecciones de las Juntas Auxiliares en el Distrito Zacapoaxtla en el 2012, fue comisionado a Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial.

 

En el ámbito académico ha sido  Miembro de la  Asociación Mexicana de Calidad, Delegación Centro Oriente (1999-2002), Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Administración (CONLA), del Estado de Puebla (2007-2009); así como Vicepresidente y Secretario del CONLA Puebla, Secretario B de la Federación Nacional de Colegios de Licenciados en Administración y Presidente del Consejo de Honor y Justicia del CONLA Puebla.