Paridad Entre Géneros

Introducción

Para hablar de paridad de género como uno de los aspectos innovadores en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada en 2014, necesariamente tenemos que abordar el tema de la importancia de la participación política de la mujer en México, y lo que ha implicado a lo largo de los últimos sesenta y cinco años para poder ejercer su derecho al voto, la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombre y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

En este proceso de construcción de una democracia representativa, el establecimiento de cuotas de género en las regulaciones en materia electoral, ha jugado un papel importante para garantizar la participación de las mujeres. Sin lugar a duda el panorama electoral con perspectiva de género, es una ventana que nos permite visualizar la situación actual de la mujer en México, en donde los derechos electorales de las mujeres no son ajenos a los demás aspectos de inequidad que se viven actualmente y que sin lugar a duda están relacionados con aspectos culturales que en muchos casos ya no están acordes con lo que implica la modernidad del siglo XXI.

Desarrollo

Al hablar de que actualmente se ha legislado en favor de la paridad de género en el ámbito electoral, indudablemente tenemos que partir del análisis de la participación política de la mujer en México, que sin duda ha significado una lucha por varias décadas, es hasta el 17 de octubre de 1953, cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que fue reconocido el derecho de las mujeres a votar, lo que representó un avance importantísimo en la construcción del sistema democrático de nuestro país, donde las mujeres son parte fundamental de la vida política de la nación.
Toma mayor relevancia abordar el tema de paridad entre géneros, no solamente como un tema de mujeres, sino de derechos humanos, y como tal, se convierte en una obligación, de que el Estado mexicano diseñe los mecanismos para revertir las condiciones de sub representación en el Congreso de la Unión y brinde garantías efectivas en favor de los derechos de las mujeres.

En este sentido, partir de 2008 se estableció una cuota mínima obligatoria a los partidos políticos del 40% de candidaturas propietarias de un mismo sexo. No obstante, los partidos políticos aprovechaban una excepción señalada en el Código Electoral vigente en ese momento, que señalaba que no estaban obligados a cumplir con la cuota en las candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido.

Para revertir esta excepción, el TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) emitió la sentencia SUP-JDC-12624-2011, precursora de la reforma que impulsó el principio de paridad en la Constitución, en la cual se obligó al entonces Instituto Federal Electoral a exigir a los partidos políticos el cumplimiento estricto de las cuotas de género tanto en las listas plurinominales como en las candidaturas de mayoría relativa.

Aunado a lo anterior, las sentencias y tesis de jurisprudencias del TEPJF encaminadas a garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los distintos ámbitos de gobierno, han sido parte fundamental para esta transformación, que sin lugar a duda, ha dirigido sus decisiones, hacia la construcción de una democracia igualitaria.

A raíz de la reforma política de 2012, donde entraron en vigor diversas leyes reglamentarias en materia electoral, destacan aspectos innovadores como la creación del Instituto Nacional Electoral (INE), la reelección legislativa, la regulación del tiempo establecido para los partidos en radio y televisión, votos provenientes del extranjero, las candidaturas independientes y la paridad entre géneros.

Derivado de esta reforma político-electoral, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), estableció que los partidos políticos tienen que hacer posible que los ciudadanos accedan al poder público de acuerdo con las reglas que garanticen la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Corresponde a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) señalar las reglas para garantizar la paridad de género, entre lo que destaca:

  • “El Instituto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros”.
  • “De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en esta Ley”.
  • “Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista”.

Es importante resaltar que el modelo de la nueva figura de candidaturas independientes, también existe la obligatoriedad de integrar las fórmulas por personas del mismo género.

Es así como podemos analizar que la regulación en materia electoral en la que se establecen cuotas de género, sin duda ha representado en buena medida parte importante para garantizar el cumplimiento al derecho constitucional a ser votada, atendiendo al principio de equidad, lo que contribuyó a que México se encuentre dentro de los primeros 20 países con mayor número de mujeres representantes populares.

Conclusiones

Analizando lo anteriormente expuesto, nos encontramos en una etapa de transformación regulatoria que garantiza la paridad de género en las contiendas electorales en los órganos legislativos federales y locales, donde los derechos políticos particularmente de las mujeres se veían vulnerados por los institutos políticos. Los resultados de las elecciones del 7 de junio de 2015, son una muestra de los avances regulatorios en materia de paridad de género, hay mayor representación de mujeres en las legislaturas a nivel federal pasando de un 37% en 2012, a un 42.6 % en el 2015.

La equidad de género propone un tratamiento diferenciado a mujeres y hombres de acuerdo a las desigualdades existentes con el objetivo de alcanzar una igualdad real en materia de oportunidades, capacidades y control sobre los recursos. En este sentido, es necesario que desde el Congreso de la Unión, se sigan impulsando iniciativas encaminadas a garantizar la paridad de género con base a usos y costumbres y de una manera transversal en los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y espacios de decisión política, logrando con ello una vida más igualitaria que coadyuve a la democracia participativa por el bien de México.

Bibliografía
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Edición 2014)
Álbum de Diputados Federales 2015-2018, tercer año de ejercicio Constitucional (28 Junio 2018)

 

 

Luz María Yvón Gutiérrez Vázquez

Es Contador Público por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas en el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Inició su desarrollo profesional en la Iniciativa Privada, del 2007 al 2015 se desempeñó como Titular de Dependencias del Gobierno Federal y Estatal alcanzando durante su gestión importantes logros a nivel nacional. Cuenta con amplia experiencia en el sector social, le distingue ser una persona responsable y comprometida al cumplimiento de las metas propuestas, tener un buen manejo de relaciones interpersonales, manejo de medios, facilidad para trabajar en equipo y conocimiento de la mayoría de los municipios del Estado de Puebla. Fungió como Responsable de Oficina de la Comisión Especial para Evitar el Desvío de Recursos Públicos Federales en Campañas Electorales, así como Delegada Federal de la Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad en los años de 2007 a 2011, así como Delegada Federal del año 2011 al 2013 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Puebla y Tlaxcala. Posteriormente en el año 2013 fue nombrada Directora General del Fideicomiso Público denominado Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal del Estado de Puebla en donde laboró hasta el año 2015. Actualmente es Directora de Gestión de Servicios de salud del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Puebla. Del mismo modo actualmente es Titular de Promoción Política de la Mujer del Comité Directivo Municipal de Huauchinango, es Secretaria del Comité de Vigilancia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional periodo 2016-2019 y Consejera del Comité Directivo Estatal por el mismo periodo.