Militarización de la seguridad pública viola la Constitución: PAN

Gobierno federal actúa de manera incongruente.
El hecho representa un evidente fracaso de la estrategia de seguridad federal.

Integrantes del Sistema PAN -conformado por el Coordinador de Diputados Locales Oswaldo Jiménez, la Diputada Federal Verónica Sobrado, el Coordinador de Alcaldes, Síndicos y Regidores Luis Olmos, el Secretario General Francisco Fraile y la Presidenta del Partido Genoveva Huerta,- se pronunciaron este día en contra de la militarización de la seguridad pública, toda vez que es violatorio de la Constitución y de los tratados internacionales en la materia.

En sesión virtual, efectuada por la noche de este miércoles, señalaron que Acción Nacional buscará todos los medios jurídicos para invalidar el decreto de militarización propuesto Andrés Manuel López Obrador, pues su deber es cumplir las funciones ordinarias del servicio policial en un ámbito estrictamente civil, como ocurre en todas las democracias modernas en el mundo.

Asimismo, indicaron que el gobierno federal actúa de manera incongruente, pues en el pasado se manifestó en contra de dicha medida, lo que significa un evidente fracaso de la estrategia de seguridad y del papel realizado por la Guardia Nacional.

El Presidente debe dar una explicación que justifique cabalmente su delicada decisión. Debe reconocer que no ha podido contra la delincuencia y que no ha tenido un plan contra la inseguridad”, coincidieron los integrantes del Sistema PAN.

De la misma manera, exigieron un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al tiempo de referir que Acción Nacional recurrirá a instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que emitan sus recomendaciones.

En ese sentido, se sumaron al llamado realizado por el Comité Ejecutivo Nacional para que las fuerzas políticas de oposición, legisladores, organizaciones civiles, dirigentes sociales, académicos, estudiantes, sindicatos, trabajadores y la sociedad en general rechace el acuerdo del gobierno federal, pues se corre el riesgo de violentar los derechos civiles de la ciudadanía, como sucedió en el pasado.